¿Crear un Ministerio de industria o catalizar la política industrial?

Se plantea en el país, con cada vez más apetito, la solución burocrática de crear un ministerio monotemático para revitalizar la industria colombiana. Pero recuerdo, ese ministerio existe hace rato. El doliente desde el 2002 es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante “MinIndustria” - no lo llamemos "MinComercio" en este artículo, y menos "Ministerio de Comercio Exterior", como erróneamente aún se le denomina).

Ese remedio no es lo que le conviene al país, así se argumente que hay otros países que lo tienen en solitario. Se necesita es catalizar una alianza público privada en pro de un desarrollo industrial sostenible e inclusivo, la cual parte por emitir una vigorizada directriz de Política Pública que otorgue máxima priorización, dirección, implementación y promoción de la política industrial, o de reindustrialización si se quiere, para poner al país a resurgir en este frente. 

Lo anterior se puede fundar y visibilizar teniendo como base los cuatro pilares en los que se sostiene la actual política industrial o de desarrollo empresarial: 1. Productividad 2. Transformación Productiva; 3. Internacionalización; y 4. Competitividad. 

La política industrial debería conllevar una meta nacional, ambiciosa pero alcanzable, de llevar el porcentaje de la industria en el PIB del 11,2% que tuvo en 2013 al 20% en el 2020. Es igual a aspirar a llegar a los niveles de participación en el PIB que tenía la industria colombiana a principios de los noventas.

Para lo anterior, no se necesita un ministerio nuevo sino darle presupuesto y prioridad a las funciones y objetivos que legalmente ya tiene asignadas el actual MinIndustria, tales como: desarrollar los sectores productivos de la industria, el emprendimiento y la innovación; promover el mercado de capitales y los fondos de capital privado; desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa –las mipymes-; formular y dirigir la política frente a la industria de los servicios; aumentar la productividad y mejorar la competitividad país y de las empresas colombianas; regular y defender – v. Gr. con salvaguardias - el mercado interno; promover la normalización, la evaluación de la conformidad, la calidad, la competencia y la propiedad industrial.

Adicionalmente habría que reivindicar el uso estratégico, activo y de alto nivel, del hoy irrelevante e invisible Consejo Superior de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para el cual el MinIndustria ejerce la secretaría técnica, y del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación – SNCeI.

Se transitaría también por realinear y coordinar ante esa nueva política pública, la integración y coordinación estratégica del sector administrativo de la industria.  Esto es tener un MinIndustria, asistido desde Presidencia, liderando las medidas, instrumentos e incentivos en pro de la industria, de la mano tanto de sus entidades adscritas o vinculadas, tales como las superintendencias de Sociedades (Supersociedades) y la de Industria y Comercio (SIC); el Fondo Nacional de Garantías; Proexport y Bancoldex, así como de otras entidades que deben apalancar el proceso de industrialización como DNP, COLCIENCIAS, SENA, DIAN y los Ministerios TIC y de transporte.

En ese esfuerzo de política pública es vital reenganchar activamente a la academia, aún muy desconectada del desarrollo industrial. Entidades como FESCOL, FEDESARROLLO y el Consejo Privado de Competitividad son instrumentales y siempre han estado a disposición para investigar y dar apoyo a la solidez de esa pol y el comercio desiio ministerial entreítica. El nuevo Congreso de la República, que se instala el 20 de julio, también tiene un aporte en supervisión y control estricto a la Política, pero también con activa labor legislativa en creación y fortalecimiento de estímulos para el desarrollo industrial.

Hay que definirle a la agroindustria colombiana, el sector promesa del SXXI, si es el MinIndustria o el Minagricultura su entidad responsable y evitarle el desgastador peloteo institucional.

Igualmente clave es convertir, sin timidez, a Bancoldex en un verdadero Banco de Desarrollo Empresarial para apoyar con cooperación financiera y no financiera, más sofisticada, incluyente y de alto impacto, en la atracción y financiación de la inversión en los proyectos de transformación industrial como en su internacionalización. Su liderazgo en el ahijamiento de iNNpulsa Colombia y el PTP –Programa de Transformación Productiva–, apostándole a 20 sectores que transforman a Colombia, es un ejemplo del sí se puede. Hay referentes globales que pueden inspirar y dar ejemplo a Bancoldex del impacto de esas conversiones estratégicas, que pasan desde Corfo en Chile hasta el Korea Development Bank.

En lo gremial, la ANDI provocaría más impacto si se concentra en apoyar la industria, más o menos la mitad de sus afiliados, coadyuvando comprometidamente planes, programas, regulaciones y trabajos que favorezcan la industrialización. Los Comités 20/20 juegan ahí. ACOPI, un fantasma que hay que revivir. Hace inmensa falta. Y CONFECÁMARAS sería el polo a tierra para irrigar el apoyo al desarrollo industrial en las apuestas productivas y/o clústeres identificados en las regiones, vía las 57 cámaras de comercio del país.

En conclusión, nada de lo anteriormente propuesto es sugerir volver al obstáculo, a la barrera no arancelaria, al aislacionismo, al proteccionismo. Ese no es el camino. Es política pública activa con enfoque sectorial y estratégico. 

Y menos, acoger la propuesta simplista de creer que la solución es la escisión ministerial para encargar a una entidad de la política comercial, tanto para comercio interno y externo (internacionalización) y el comercio de servicios; y otra separada y monotemática encargada de la política industrial. Eso sería tan errado como trabajar las cadenas globales de valor en la manufactura separadas o sin vincular los servicios y la internacionalización asociada. Sería como separar siameses que comparten el mismo corazón.

Innovación en los modelos de negocio

Competir con excelencia en los mercados internacionales en plena era de la economía creativa, donde la ideas aplicadas transforman las naciones, le plantea a la Colombia exportadora retos muy desafiantes como: diversificar productos y servicios exportables; abrir o profundizar más destinos de exportación; aprovechar los acuerdos comerciales vigentes; o engranar mejor su cadena de valor con otros mercados externos.

A ese esfuerzo nación, se ha sumado desde mediados de 2013 el Programa deEmpresas de Excelencia Exportadora, conocido como el “Programa 3E”, liderado por CAF.

Se trata de un trabajo de involucramiento colectivo entre el sector público (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Bancoldex, APC-Colombia), el privado (Davivienda, CAF, Analdex, Confecámaras, Icontec y las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur, Barranquilla, Bogotá y Cali) y la academia (CESA), quienes se asocian para ayudar a las empresas exportadoras de bienes no tradicionales en Colombia a potenciar sus modelos de negocio exportador. 

El Programa ya probó éxito en 2013 con una primera ola de 10 empresas exportadoras participantes de distintas regiones. En Bogotá se le midieron, Corferias, Fundación Santa Fe de Bogotá, Guirnaldas y Fepco; en el Aburrá Sur,  Distrihogar e Intercolor; en Cali, Multipartes y en Barranquilla, Gralco, Superbrix y Moduart.

A través de un acompañamiento colectivo in situ de 4 meses con participación de la alta dirección de las empresas, el Programa 3E aporta un valor agregado en cada empresa beneficiaria que se centra en que: (i) enseña herramientas que facilitan evaluar, mejorar e innovar los modelos de negocio exportador de las citadas empresas exportadoras, usando herramientas de innovación como el Business Model Canvas y (ii) logra entregar de forma más pertinente y personalizada la oferta de desarrollo empresarial, financiera y no financiera, de los mencionados socios del Programa.

La inevitable verdad es que en la era de la economía creativa, los modelos de negocio exportador ya no duran, porque la vida útil de las ventajas competitivas se acortan; por eso, hay que estar innovándolos constantemente. “Duran lo que dura un yogur en la nevera”, dice el creador de la herramienta del Business Model Canvas, Alex Osterwalder, quien cree más importante en el mundo de hoy promover el espíritu de iteración, alineación e innovación de las organizaciones y sus líderes, alrededor de sus modelos de negocio, y no solo y aisladamente alrededor de sus productos o servicios exportables.

La excelencia exportadora ya no es fruto de un ambiente macroeconómico sano como el que vive Colombia; ni de una buena redacción de una visión, misión y objetivos estratégicos; ni de un buen plan estratégico redactado a principios de cada año, como se pensó en tiempos pasados.

La excelencia se logra cuando se crea, se entrega y se captura valor alrededor de una lógica empresarial inserta en un modelo de negocio que se visualiza, se mejora e innova, en cualquier momento, usando herramientas de estrategia e innovación del siglo XXI.

Quien conoce la lógica de su modelo de negocio compite mejor, lo hace con mayor rapidez y rentabilidad. Los fracasos los recoge como oportunidades para reemprender de manera rápida y barata.

La Profesora de la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, pregona que ya no debemos perseguir ventajas competitivas duraderas, pero sí las transitorias. Es decir, las ventajas pasajeras que otorgan los modelos de negocio bien liderados. Para liderar, la premisa ya no es “si no está roto, no lo arregle”; sino “sépalo romper, y mejor con ayuda de los socios del Programa, antes de que sea demasiado tarde”.

Publicado en el Diario La República

Public - Private Partnerships: Strengths and Weaknesses of the Colombian legal System

The largest obstacle to further accelerate economic development and growth of investment in our country is undoubtedly the notable lag in infrastructure; this has a negative impact on all sectors of production and, ultimately, reduces the competitiveness of Colombia.

The previous public procurement system, specifically the concession - based model, had serious limitations which would have made it difficult to meet the ambitious goal set forth by the Government to overcome this infrastructure lag. It meant disbursement of considerable amounts of public funds, including advance payments, additions and extensions that far exceeded the initial value of the contract and the results did not differ substantially from those of public work contracts. The projects implemented were not designed to create effective investment and financing plans; neither was risk allocation efficient in most projects. Added to all this, corruption permeated much of the system and altered its substance.

In an effort to overcome this lag quickly and foster private investment in Colombia’s infrastructure, the legal framework to implement Public - Private Partnerships in our country was approved and became effective in 2012. The result was Law 1580 of 2012 and its Regulatory Decree 1467 of 2012.

In practice, this new legal framework became effective as of February 2013 with the publication of the first four Invitations for Prequalification by the newly created National Infrastructure Agency (Agencia Nacional de Infraestructura), which form part of the initial group of projected “early victories” of the Fourth - Generation Concessions Package.

Within this context, it is still too early to identify the specific strengths and weaknesses of the young legal regime; these strengths and weaknesses will gradually be revealed as the legal framework is applied and tested through the processes which has just started.

At any rate, there are some features that are worth underlining, and can provide an idea of ​​what advantages and disadvantages are likely to become apparent throughits application. For greater details and information, it is suggested to read and apply the recommendations set out in the report of the Infrastructure Committee, which were given to the Colombian Government and the industry more generally,as of last October 2012.More information can also be found in the Study on Public Private Partnerships in Colombia: Strategy for Canadian Businesses, prepared for the Canadian Embassy on the Colombian PPP model and process.

Strengths

The first feature which can be interpreted as a strength is the guarantee of disbursement of public funds for the total duration of the project. The Law includes the possibility of approving future periods of general national or regional authorities’ budgets for all tax years corresponding to the duration of the project, provided that availability, service levels and stipulated quality standards are complied with.

Another strength of the scheme which is one of its most important features and marks a break from the old system of corruption that occurred in many projects by some concessionaries, is the mechanisms established in the legal framework which guarantee transparency and efficiency in the bidding process and in the implementation process of concessions.

These guarantees are embodied in the legal limits set for additions and extensions to these contracts, which may not exceed 20% of the initial term and budget.

On the politically contentious issue of land acquisition, especially in transport infrastructure projects, I consider the manner in which the issue has been dealt with to be a strength; although it is a critical issue, it is being carried out to enable numerous actions in the near future so that it stops being a bottleneck.

On the one hand, the standard contract published by the National Infrastructure Agency adopts a cost-sharing approach between the entity and the dealer that reduces the burden and risk for the latter. In any case, proponents must carry out a land inventory prior to the bidding process in order to assess risks and problems.

Additionally, a new procedure was adopted in the reform of the Code of Civil Procedure, which includes a measure allowing whoever initiates the process of expropriation of a property to request its delivery provisionally before the ruling is issued.

A Bill of Law was also filed at the Congress on March the 22^nd, 2013 “whereby measures and provisions are adopted for transport infrastructure projects”, including special provisions on acquisition of properties which are intended to facilitate and accelerate judicial and administrative expropriation.

Finally, another important advantage of this regulation is the incentive system created for Private – Public Partnership projects with a private initiative, whereby the originator is assigned a score of between 3 and 10% of the total score during the bid awarding process. This system most undoubtedly encourages submittal of these projects and potentially attracts private capital to them.

Weaknesses

As for the characteristics of the system which may be understood as weaknesses in term of their application, we found that the main concerns are related to issues which directly affect infrastructure projects, but that are not regulated by the Public Private Partnerships Act or Decree. Such issues include the prior consultation process with communities, as well as lags and difficulties in issuing environmental permits, in particular as regards the determination of the party whereupon the risk of costs and delays in management shall fall.

Regarding environmental licenses, the infrastructure bill presented by the Ministry of Transport above regulates the environmental variable for projects from their pre-feasibility stage, containing the necessary input to manage the environmental license such as the Environmental Diagnostic of Alternatives and during the feasibility stage, the Environmental Impact Study.

However, delays in issuance of these permits are related to the difficulties of an institution which is in the making; thus it is a challenge which will be overcome, once institutions reach their highest level of activity.

Another constant criticism from all sectors involved in this sector, is the limit established for Public - Private Partnership projects of a private initiative, under which they may only have a 20% share of public funds investment on the value of the project.This prevents private stakeholders from submitting private initiatives for social infrastructure which require a greater amount of public resources and in many cases, 100% of the investment.

It seems as though this has been precisely the intention of policymakers, i. e. that of avoiding the risk that private agents may define the agenda of the public sector by means of the submittal of their projects and, consequently, avoid a private share in the execution of its budget.

Another aspect of the law which has generated debates is the regulation of the Functional Infrastructure Unit: The availability – based payment system, service levels and quality standards stipulate that during the construction phase concessionaries shall receive no payment until the infrastructure is fully available and operational.

The legal system created the Functional Infrastructure Unit in order to mitigate this drastic situation. Said units must by definition be independent and autonomous, they shall meet service standards and quality levels and have an estimated budget of investment of at least 175,000 minimum legal monthly salaries (about US55 Million).

Whilst the Functional Infrastructure Unit is necessary to prevent concessionaries from being forced to go through the whole construction phase of the project without any cash flow, it is also true that the large sum required as estimated investment budget for each functional unit has been controversial. In practice, it is assumed that these payments can be widely deferred over time, thus threatening project funding.

With regard to the award procedure, in accordance with the system adopted in the Colombian legislation, the list of prequalified bidders may be up to ten. Canadian experience in the development of Public- Private Partnership projects shows that the prequalified bidder list is usually a list of up to three bidders with whom the remaining stages are developed, and the terms of the contract are defined.

A smaller group of prequalified bidders has developed in Canada because preparing the proposal is a costly process, and also because there is a possibility that there may be too many proponents in the list of prequalified bidders, thus discouraging private stakeholders from participating. Additionally, collaborative meetings are carried out in the post - prequalification process in order to find the optimal version of the project based on the needs of the contracting entity; this would be a difficult process with such a large number of participants.

Another obvious weakness of our system is lack of regulatory mechanisms to start a Public- Private Partnership that is derived from a higher agreement between governments (Government to Government Agreements). Nowadays, countries like Canada have very high interest in contributing private capital from their jurisdictions pursuant to Government to Government agreements for infrastructure. Initial funding of projects by foreign governments with a subsequent inclusion of private capital is another great alternative needed by infrastructure development in Colombia.

As recommended by the Committee on Infrastructure, along these lines of thought it would important to regulate the rights of use of works, as well as such sensitive issues as the guarantees which governments would assume with regard to compliance and stability and availability of infrastructure. The truth is that, pursuant to the very definition of a Public- Private Partnership contract under Law 1508, a party must always be a natural person or legal entity at private law. In the fourth –generation of projects bidding processes, in order to overcome the argument of whether or not the Prequalified may be a foreign state entity, it has been established in the invitation to prequalify documentation, that “public entities are considered Entities at Private Law for purposes of this prequalification”. Clear and enabling regulations are recommended, rather than interpretations of this sort.

We hope these weaknesses, which briefly reflect the main concerns raised by stakeholders in the development of ongoing projects as well as forthcoming ones in the near future, are overcome with the bill of law on infrastructure submitted. This bill of law contains regulations on land acquisition, environmental licenses, transfer of utility networks and conflicts with mining permits, as well as the statutory law for prior consultation and the issuance of decrees which adapt the system in order to achieve more effective implementation thereof.

In sum, there is a clear institutional will to overcome the lag in infrastructure as well as the vices and difficulties of the previous concessions system. Within this context, it is important for existing institutions to be willing to “listen” both to the domestic and foreign private sector, verify their processes, contract the best bidders into a well-paid public sector, and interpret and apply the new regulations in a way that is most efficient and beneficial for the Country.

Debemos aplicar pragmatismo a la Alianza del Pacífico

Para que la Alianza del Pacífico (AP) no sea un asunto de mero discurso público en los próximos 5 años, sino que favorezca realmente al tejido empresarial, Colombia debe aplicarle pragmatismo a la AP para lograr su mejor aprovechamiento. Tenemos que consolidar los procesos e iniciativas negociadoras de integración entre los fundadores, antes de expandir su membresía a terceros países. La tentación será siempre crecerla antes de consolidarla.  

Al ser también un gran TLC convergente entre los 4 países que ya tienen acuerdos comerciales vigentes entre sí, la prioridad institucional, pública y privada de Colombia debe ser buscar acciones concretas y prácticas de profundización económica con Chile, México y Perú en todos los niveles.

Así, los gremios de la producción, las agencias de promoción de comercio e inversión, el sistema cameral, la academia, las empresas privadas, para nombrar solo algunos agentes, deben meter ya dentro de su agenda institucional la integración con sus pares en los países de la AP, tal como ya lo hicieron las bolsas de valores.

Como Colombia, a diferencia de sus aliados, seguirá por unos años más sin ser admitido en APEC; sin ser parte del TLC más importante del Asia Pacífico, el Transpacific Partnership Agreement (TPP); y, sin tener suficientes TLC en vigor con Asia, la promoción colombiana de la AP para atraer más inversión y comercio debe hacerse en el corto plazo en los países del Atlántico -Canadá, EE. UU. y UE- y, más adelante con los del Asia Pacífico.

Opinión publicada en El Colombiano el 23 de mayo de 2013

La Alianza del Pacífico es para el Atlántico

La Alianza del Pacífico (AP), el bloque que comparte Colombia con Chile, México y Perú, es la más importante y dinámica apuesta de integración regional estratégica que tiene hoy América Latina y es el más significativo y promisorio avance en política exterior y comercial de Colombia.

El ADN habilitante de la AP, que le permite el avance práctico, progresivo y concreto hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas intra bloque, radica en que sus miembros fundadores creen en la integración regional basada en la democracia; el libre comercio dentro de un modelo de regionalismo abierto; el respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad económica y de empresa; los TLC como plataformas para facilitar y propiciar el comercio y la inversión, y la vigencia del estado de derecho.

Compartir esos valores es el verdadero pegamento de la AP, por encima del foco común de sus miembros de proyectarse unidos ante terceros mercados con mayor competitividad. Es lo que hoy carece la Comunidad Andina.

Otro gran activo distintivo de la AP ante terceros es no tener entre sus miembros a países del Alba; no creer en el socialismo del siglo XXI; y no practicar proteccionismo comercial. Tiene mucho valor que los aliados ostenten grado de inversión por las principales calificadoras de riesgo; sean economías en crecimiento con ingresos medios altos; sus mercados de capitales vengan perfeccionando su integración bajo el Mila; y que, en su orden, Chile (37), Perú (43), Colombia (45) y México (48) tengan los mejores entornos regulatorios para hacer negocios en toda América Latina según Doing Business 2013 del Banco Mundial.

Al tener un PIB cercano al 40% del total de América Latina, una población equivalente a la de Brasil, consumidores con cerca de US$13.000 per cápita en promedio, y generar cerca del 50% del comercio de la región, la AP es ahora el espacio por excelencia para la integración económica, política y comercial entre los aliados y de muchas regiones del mundo con el bloque.

¿Cuál es la importancia del mecanismo para Colombia frente a terceros mercados? No obstante es un mecanismo fundamental para la inserción futura y de largo plazo de Colombia en el Asia Pacífico, en el corto plazo la AP debe ser promovida y aprovechada preferentemente por el país con los países ubicados en el eje Atlántico. Veamos por qué:

A diferencia de todos los aliados, Colombia no tiene ningún TLC vigente con países del Asia Pacífico que le permita, a partir de la AP, mejorar su acceso preferencial a la región. Solo se avizora un TLC con Corea en vigor en 2014, con Japón en 2016 y con China no antes del 2019, mientras que Colombia en el eje Atlántico ya tiene acceso preferencial en vigor con socios como EE.UU y Canadá; y pronto con la Unión Europea.

Por eso no es extraño que en la VII Cumbre de la AP en Cali participen como observadores el Primer Ministro de Canadá y el Presidente de España; y, en contraste, no haya presencia de ningún Jefe de Estado de un sólo país del Asia Pacífico, porque en ellos no hay interés inmediato todavía. En cambio, el Atlántico sí está listo para sacarle provecho inmediato a la AP.

A diferencia de todos sus aliados, Colombia no es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), el club de cooperación económica más importante del área, al que lleva pidiendo ser admitida desde 1995; y, por ende, tampoco es parte negociadora del Transpacific Partnership Agreement (TPP), el TLC regional en el que solo participan economías miembros del Apec. Luego por esta vía Colombia tampoco tendría nada que ganar de forma temprana para su sector privado con la AP.

En oposición a lo que ocurre con otros mercados en el eje del Atlántico, Colombia tiene muy baja afinidad, experiencia y conexidad con el Asia Pacífico en cultura de negocios, esquemas de encadenamientos productivos, comercio, inversión o turismo. Por lo tanto, la promoción y el aprovechamiento de la AP con el Asia Pacífico tardaría más para generarle beneficios al sector privado de Colombia que para dicho sector de cualquiera de los otros aliados miembros.

En conclusión, decir que en el corto plazo la AP integrará a Colombia de manera real con el Asia Pacífico es simplemente un gran deseo con ribete académico. El éxito inicial para Colombia con la AP estará en promoverla y aprovecharla en nuestro relacionamiento con nuestros socios comerciales y de inversión tradicionales del eje del Atlántico.

Publicado en el Diario La República

La agenda de competitividad, un gran popurrí

Desde el 2006 Colombia cuenta con una arquitectura institucional para abordar su agenda de competitividad bajo un Sistema Nacional de Competitividad, hoy rotulado bajo el nombre de Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCeI).

Como consta en el acta de la última Comisión Nacional de Competitividad del 27 de mayo de 2010, la agenda nacional que se consolidó entonces para mejorar su competitividad estaba diseñada y escrita, en lo regional, en 32 Planes Regionales de Competitividad (PRC) de cada departamento y, en lo sectorial en los "Planes de Negocio", unas hojas de ruta, de los sectores nacionales del Programa de Transformación Productiva (PTP), que para ese entonces eran ocho.

El anterior diseño respondía al convencimiento de política pública que la competitividad, tejida en alianza público privada, era ante todo regional; y que Colombia no podía seguir aspirando a ser competitiva en todo, sino que debía enfocarse en sectores emergentes o establecidos que pudiesen consolidarse como sectores con oferta exportable de clase mundial para generar empleo y disminuir pobreza.

Incorporación de los avances a la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

Buscando hacer más efectiva la implementación en alianza público privada de los Planes Regionales de Competitividad de los 32 departamentos, el artículo 33 definió que "las Comisiones Regionales de Competitividad coordinarán y articularán al interior de cada departamento la implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad, de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, y de fomento de la cultura para el emprendimiento a través de las demás instancias regionales tales como Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECYT), Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de Competitividad e Instancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural."

A su vez, para la eficiente ejecución de los "Planes de Negocio", el Programa de Transformación Productiva fue ahijado por Bancoldex, gracias a su vocación de banco de desarrollo empresarial. Por mandato del Artículo 50 de la ley del Plan, se estableció que "El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destinará recursos para el Programa de Transformación Productiva el cual, mediante un mecanismo de manejo separado de cuentas que para todos sus efectos se asimile a un patrimonio autónomo, será administrado por el Banco de Comercio Exterior S.A. – Bancoldex en una cuenta de orden. El programa tendrá por objeto la implementación de la política y planes de negocios público-privados para el desarrollo de sectores estratégicos para el país."

Con la entrada en vigencia de la ley en julio de 2011, quedaba finalmente un lineamiento claro para los empresarios, la academia y el sector público, a nivel nacional y regional, que los "Planes Regionales de Competitividad" y "los Planes de Negocio" de los sectores del Programa de Transformación Productiva, constituían la agenda de la competitividad a implementar.

Como es entendible, el traslado del PTP del Ministerio de Comercio a Bancoldex, con todo sus implicaciones administrativas, presupuestales y físicas, hizo que la implementación público-privada de los planes de negocio de los sectores se desacelerara; y por el otro lado, mientras que se definía el diseño de cómo articular normativamente la locomotora de la innovación al Sistema Nacional de Competitividad, se adormeció la dinámica y la articulación nacional-regional de los actores públicos y privados en el seno de las Comisiones Regionales de Competitividad.

Eso provocó que hasta julio de 2012 se tomaran dos acciones para revitalizar la competitividad después de un año de evidente letargo:

(i) la expedición del Decreto 1500 del 13 de julio de 2012, por medio del cual se dictaron medidas para la organización, articulación y funcionamiento del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación, lo cual ha provocado que desde entonces a hoy los departamentos, en lugar de concentrarse en la ejecución priorizada y focalizada de sus Planes de Competitividad Regional, se hayan dedicado a dar cumplimiento a la adecuación de las estructuras organizacionales de sus comisiones regionales de competitividad a los cambios normativos requeridos por dicha norma; y,

(ii) el lanzamiento el 17 de julio de lo que se denominó "La Agenda Nacional de Competitividad", otro nuevo plan de vuelo con más de 100 acciones concretas de corto, mediano y largo plazo que debía permitir acelerar la productividad del país e impulsar el crecimiento sostenido por encima del 6%. Hasta hoy no se ha rendido cuentas del avance de esta nueva agenda de competitividad, y solo sabemos que el crecimiento 2012 bajó al 4% y la agricultura y la manufactura hicieron crisis.

Los nuevas agendas de choque en competitividad del 2013

A la agenda de los "Planes Regionales de Competitividad", de los "Planes de Negocio" de los sectores del PTP, y a la mencionada "Agenda Nacional de Competitividad de 2012", se le suman ahora dos nuevas "agendas de choque" para la competitividad en el corto y el mediano plazo. Una ya consolidada y la otra en construcción y próxima a su lanzamiento. Son ellas:

a) La "Agenda de Competitividad via subsidios y proteccionismo". Algunos sectores del agro y otros de la industria lograron a principios de 2013 por vía de la presión gremial o mediante paros, imponer una agenda de competitividad artificial vía aranceles proteccionistas (sector confecciones y calzado) o de jugosos subsidios para la agricultura. Esta agenda del subsidio, con cargo a recursos del presupuesto nacional, sí que tendrá seguimiento y vigilancia por sus beneficiados para su efectiva implementación; y,

b) La "Agenda para el Salto en Competitividad de la ANDI". Este gremio, de forma civilizada y juiciosa, recogió 9 acciones urgentes que le propone al Gobierno para que se adelanten en el corto y mediano plazo para que la industria colombiana agregue valor social y productivo a la economía del país.

Esta hoja de ruta es ahora uno de los más importantes insumos para la que se cree será otra nueva Agenda de Competitividad, que sería lanzada por el Presidente de la República el próximo 15 de abril, ahora con un enfoque sectorial -dirigida a la manufactura y el agro, pero con aparente exclusión del sector más importante en generación rápida de empleo formal, el de servicios-, y con miras a que sus iniciativas sean de mitigación en el corto plazo de las dificultades que atraviesa el sector productivo.

En conclusión, hoy Colombia tiene un popurrí de Agendas para la Competitividad, tanto en el ámbito nacional como regional.

Conviene que el Gobierno le aclare este mes a todas las fuerzas productivas del país, al sector público nacional y regional y a la academia, cuál es la ÚNICA agenda de competitividad, sus componentes, sus prioridades, su alcance, su cobertura, sus medidas, su temporalidad y la institucionalidad que se usará para que su implementación sea real, eficiente y se le pueda hacer seguimiento.

De no hacerlo, en lugar de dar un verdadero salto en competitividad, lo podríamos dar al vacío.

Acuerdos comerciales: de las negociaciones a su aprovechamiento

Avanza la internacionalización

Colombia viene avanzando en la internacionalización de su economía: el objetivo primordial de esta política es aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Mientras la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido incapaz de destrabar desde 2001 la ronda de negociaciones multilaterales para liberalizar el comercio global, la estrategia colombiana  — particularmente durante la última década — se ha dirigido a negociar una red de acuerdos de libre comercio, de promoción y protección de inversión y para evitar la doble tributación. A esa agenda se sumó recientemente una iniciativa de integración económica de altísimo valor: la Alianza del Pacífico.

Durante esta década han aumentado las posibilidades para los empresarios colombianos de  un acceso real y preferencial a los mercados de sus principales socios comerciales, pero no vemos aún evidencia de un aprovechamiento inteligente de los acuerdos comerciales vigentes.

TLC con 17 socios, por ahora

Colombia pasó de tener en 2002 dos acuerdos comerciales profundos vigentes — CAN y G–3 — con cinco socios comerciales (Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y México), a un total de nueve acuerdos vigentes a 15 de marzo de 2013, con diecisiete socios comerciales: Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Suiza, Liechtenstein, Canadá y Estados Unidos.

Dichos países conforman un mercado ampliado para los empresarios colombianos que suma 850 millones de consumidores.

En los últimos diez años, Colombia ha puesto en vigencia tan solo siete acuerdos comerciales, además de los dos que ya tenía en 2002: una integración menos veloz que la de nuestros aliados y competidores Chile y Perú, dos referentes importantes el proceso de internacionalización colombiano.

Ahora bien, el gobierno Santos se ha fijado la meta de alcanzar dieciséis TLC vigentes en 2014 con más de 50 países —  lo que representaría llegar a cerca de 1.500 millones de consumidores — pero no ha dado prioridad al aprovechamiento medible de los acuerdos vigentes.  

Conviene revisar la agenda comercial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  en cuanto a cuáles serían los siete tratados que falta por poner en vigor para llegar a la citada meta.

TLC que entrarán en vigor para 2014

Estos son los seis TLC que con seguridad entrarán en vigencia antes de concluir la administración Santos:

1.      Unión Europea

El TLC entre Colombia y la Unión Europea (UE) se concluyó y rubricó en mayo de 2010. Ya vamos a cumplir tres años sin que haya entrado en vigor. Aún no ha pasado por el trámite aprobatorio en Colombia. El gobierno explora la posibilidad de ponerlo en vigencia provisional, opción que contempla el Acuerdo, dado que la UE ya concluyó su proceso aprobatorio. Sumará 504 millones de consumidores al mercado ampliado. 

2.      Corea del Sur

La firma de este TLC se surtió el pasado mes de febrero y ahora pasa a los procesos de aprobación interna. Este acuerdo tiene un altísimo valor por ser el primero que entraría en vigencia con el Asia en 2014. Sumaría casi 50 millones de consumidores al mercado ampliado. 

3.      Costa Rica

La velocidad del cierre de la negociación tuvo un gran catalizador: la Alianza del Pacífico. Para hacer parte de ésta, Costa Rica debe tener un TLC con Colombia. Para Colombia, en su estrategia de enganche con el Asia Pacífico, también es clave que Costa Rica tenga ya un TLC en vigor con la China. Este TLC estará en vigor en 2014. 

4.      Panamá

Tras casi dos años de estar engavetado, su negociación se reactivó este marzo y falta probablemente una ronda más para el cierre. Si no se tropieza otra vez con los irritantes (control aduanero a la Zona Libre de Colón, etc) y pesa más la zanahoria de la entrada a la Alianza del Pacífico, este TLC también debería estar vigente en 2014. 

5.      Israel

Los equipos negociadores avanzan satisfactoriamente: han fijado para del 8 al 11 de abril de 2013 la quinta ronda de negociaciones. Es previsible un cierre de negociaciones para el segundo semestre de 2013. Si hay voluntad política, este acuerdo también estaría en vigor en 2014.

6.      La Alianza del Pacífico

Colombia no es parte negociadora en el más ambicioso tratado de libre comercio en proceso de negociación para aprovechar el mercado del Asia Pacífico, conocido como el Transpacific Partnership Agreement (TPP), donde once países  — Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam — negocian la creación de la zona de libre comercio más dinámica del mundo. Se unirían unos 658 millones de consumidores con un comercio total de alrededor de 1,492 billones de dólares en 2011.

Colombia no es parte negociadora de este super TLC debido a dos razones históricas:

·         Perdimos la oportunidad de adherir como miembros del P4 (TLC entre Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda), génesis del TPP, habiendo sido invitados;

·         Hoy no cumplimos con un requisito para ser admitidos: ser miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por su nombre en inglés), un deseo inalcanzable para Colombia desde 1995.

En consecuencia, la Alianza del Pacífico es la mejor apuesta en construcción en la agenda de internacionalización: con sus cuatro socios fundadores —  Colombia, Chile, México y Perú  — alineados en su visión y con políticas similares, representan el 34 por ciento del PIB de América Latina y casi la mitad del comercio total de la región.

Esta alianza tiene los siguientes rasgos particulares:

·         Constituye un TLC convergente, que cerraría sus negociaciones en 2013 y por la voluntad de sus presidentes se trabajaría para que entre en vigor en 2014; 

·         Es la única apuesta multipartes de integración regional estratégica que tiene Colombia para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los miembros del arco del Pacífico latinoamericano; 

·         Permitirá crear una gran plataforma de articulación político–económica, de balance regional frente a Mercosur, de mercados de capitales integrados  (MILA) y de proyección al mundo; 

·            Servirá como bisagra de articulación con el Atlántico, porque todos los miembros de la Alianza del Pacífico tienen a su vez TLC con Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea, una ventaja estratégica frente al lanzamiento del TLC entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido bajo el rótulo del Transatlantic Trade and Investment Partnership.

TLC que no estarán listos en 2014

1.      Turquía

Este tratado está estancado, particularmente debido a la inexistencia de complementariedad entre los eventuales socios. Colombia no descifra aún su balance favorable en términos de sus intereses ofensivos. Conviene descartar este tratado, pues no tiene opción de estar vigente para 2014. 

2.      Japón

El Acuerdo de Asociación Económica  — Economic Partnership Agreement (EPA) — seguirá en negociación durante 2014, y su resultado muy probablemente sea un espejo del TLC que se cerró con Corea. Probablemente entre en vigor a principios de 2016. 

3.      China

En mayo de 2012, el presidente Santos firmó en Beijing un memorando de entendimiento para iniciar el estudio de factibilidad de un acuerdo comercial. Desde entonces no se ha dado la primera ronda de estudio. Lo anterior indica que dadas la lentitud y la gran sensibilidad que despierta este acuerdo en la industria local, este TLC no estaría en vigor antes de 2017, si bien nos va.

Aprovechamiento bajo, preguntas sin respuesta

Una vez revisada la agenda comercial en curso, la gran pregunta que surge es: ¿estamos aprovechando los acuerdos comerciales vigentes con los 17 países?

Aun cuando nuestras exportaciones crecieron un 5,7 por ciento entre el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 — alcanzando un récord histórico de 60.600 millones de dólares — el DANE reporta que las exportaciones hacia algunos de los 17 socios comerciales con los que Colombia tiene TLC vigentes paradójicamente cayeron: Bolivia ( -11,4 por ciento), Uruguay ( -9,1 por ciento), Argentina ( -5,6 por ciento), Brasil ( -5,3 por ciento), Chile ( -0,7 por ciento), Suiza ( -24,4 por ciento) y Canadá (-24 por ciento). Tras siete meses de estar en  vigor el TLC con Estados Unidos, la exportaciones sencillamente no aumentaron (0,0 por ciento).

¿Cómo explicar este pobre desempeño exportador con países donde los TLC ya abrieron los mercados?

¿Será que el glamour de las fotos y los anuncios de las negociaciones, sus cierres y entradas en vigor, han impedido comprender que el juego en esta fase de nuestra internacionalización consiste en poner en marcha y aprovechar de veras los acuerdos vigentes?

¿Será necesario concebir un dispositivo más amplio y eficiente que el actual, un zar y una oficina dedicados exclusivamente a impulsar el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos, como si fuera el único mercado abierto?

¿Estarán pasando factura la reducción de la demanda en las economías desarrolladas, el costo logístico, la carencia de infraestructura, la caída de los precios de los commodities y la revaluación, entre otros males conocidos?

¿Realmente se deben reformular la política industrial y la política agrícola del país?

El gobierno, el sector privado y la academia no han dado respuestas satisfactorias a estas inquietudes.

También preocupa que las exportaciones de Colombia hacia los países desarrollados con los cuales están vigentes tres TLC - EE.UU, Canadá y Suiza - no solo no crezcan, sino que estén cayendo. Ojalá sea este un fenómeno pasajero y no una tendencia de largo plazo.

Para concluir, resulta urgente entender que las instituciones, las políticas públicas y los esfuerzos empresariales y académicos deben asignar hoy la prioridad a aprovechar los acuerdos comerciales vigentes, en vez de seguir corriendo detrás del número de TLC y su cobertura.

Artículo escrito para Razón Pública: http://www.razonpublica.com